La seguridad es un pilar de la democracia y se encuentra estrechamente vinculada con el desarrollo social, familiar e individual del ser humano. Constituye un factor imperativo para alcanzar una condición de bienestar; se rige por el respeto, promoción y tutela de los derechos humanos, lo que permite concebir un entorno propicio para una convivencia en un ambiente de paz, seguridad, libertad y justicia.
La gobernabilidad y seguridad para el desarrollo tiene actualmente enormes desafíos. Disminuir los índices de criminalidad, priorizando la prevención de los mismos pero también siendo reactivos ante la coyuntura; frenar el tráfico ilícito en las fronteras (personas, armamentos y narcoactividad), prevención de la conflictividad social y el respeto a la propiedad, fortalecimiento del sector justicia y del trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad, el control de las cárceles y de las redes delictivas, entre otros.
Los indicadores sustantivos de la seguridad muestran a una Guatemala sumamente violenta, pese a que en los últimos años se han tenido resultados favorables, del año 2012 al año 2019 se ha reducido la tasa de homicidios en más de 14 puntos. En el año 2019 se cuenta con una tasa de alrededor de 20 puntos por cada cien mil habitantes 1, siendo la media mundial de 6.1, y la del continente americano de 17.2, según estudios de Naciones Unidas. 2
A nivel territorial, existen departamentos que superan la media nacional: Zacapa con una tasa superior a (59), el departamento de Escuintla (51) y Guatemala con (42), seguidos de Chiquimula e Izabal con cerca de (39 y 36) puntos. 1
El Estado, no solo tiene el desafío de bajar sustantivamente sus índices de criminalidad sino además de realizar acciones estratégicas que le den sostenibilidad a largo plazo; la tendencia favorable en los últimos años, debe de seguir un ritmo sostenido ante las nuevas formas de la criminalidad que evolucionan y se complejizan. Por ello, la importancia de modernizar a las fuerzas de seguridad tanto para la reacción como para la prevención.
Bajo ese concepto, es imperativo contar con una institucionalidad que amplíe la cobertura y la atención ciudadana no solo en temas de seguridad, sino también en los temas relativos a la justicia, pues uno de los grandes desafíos se concentra en lograr una disminución sustantiva de la impunidad.
El Índice global de impunidad en Guatemala al año 2017 fue de 62.4, 2 en la misma línea, al año 2015 el 48.2% de los detenidos no han sido sentenciados -como porcentaje de la población carcelaria total-3; aunado a esto la sobrepoblación carcelaria, crea repercusiones que favorecen al crimen organizado.
Lo anterior plantea la necesidad de contar con un MP, una PNC y un Organismo Judicial (OJ) fortalecidos, técnica, científica y financieramente, que reflejen la continuidad de los procesos relacionados con la implementación de mejoras (como las iniciadas en la Reforma Policial). También es determinante generar las condiciones para aumentar la presencia de jueces y agentes policiacos en todo el territorio nacional, y el aumento de infraestructura que evite el hacinamiento carcelario.
Otro desafío para la gobernabilidad y seguridad es la promoción, mantenimiento y fortaleza de los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las instancias responsables de la prevención, persecución y sanción del delito. Esto coadyuvará a la generación de estrategias que garanticen la vida, la seguridad y el bien común de todos los ciudadanos.
Es indispensable el planteamiento de estrategias de combate a la criminalidad y violencia que sobrepasen las fronteras de Guatemala, sobre todo en el caso de aquellos actos delictivos cuya principal característica es la transnacionalidad. De esa cuenta, se hace hincapié en la necesidad de concretar acuerdos regionales para hacer frente al narcotráfico y problemas afines, como la trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, y el tráfico ilegal de armas que, sin duda, repercuten en los indicadores fundamentales de la seguridad.
La seguridad está estrechamente ligada con el avance de otras prioridades nacionales, por lo que se considera importante promover acciones que mejoren los índices de educación, salud y empleo, así como el fortalecimiento de factores pedagógicos y sociales que permitan ampliar la cultura de diálogo y no violencia.
Alcanzar un Estado con seguridad es una de las principales demandas de la población, por lo que debe continuar con la implementación y modernización de políticas públicas para la reducción de la criminalidad con un enfoque en la prevención de la violencia y que hacen hincapié en los factores que la originan.
